El artículo advierte que aprobar más legislación sobre el agua en Panamá podría dar la apariencia de “acción”, pero no necesariamente corregir el problema de fondo. Según el autor, el país no enfrenta solo una cuestión de escasez, sino principalmente de gobernanza: la capacidad para retener, procesar y distribuir el agua de forma eficiente.
Lo que dice el argumento: del “vacío legal” a la falta de ejecución
La nota señala que, aunque algunas propuestas legislativas pueden ser útiles para resolver problemas puntuales, otras resultan insuficientes frente a realidades “multisectoriales” y complejas. En esa visión, las leyes suelen limitarse a llenar vacíos teórico-legales, mientras persisten fallas operativas para implementar y sostener soluciones.
Panamá es descrito como un país con alta humedad y abundantes precipitaciones, pero con escasez de agua potable en la práctica. Se mencionan consecuencias como la distribución mediante camiones cisterna y la carencia de infraestructura para tratar y procesar el agua.
Marco legal existente… pero con problemas operativos
El texto sostiene que Panamá ya cuenta con un marco normativo ligado a la conservación del recurso hídrico, a través de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el IDAAN (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales) y la ARAP (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá). Por ello, el problema no sería de “vacío legal”, sino de incapacidad para retener y distribuir el agua en todo el país.
Entre los factores mencionados están la falta de inversión sostenida que ha dejado infraestructura física obsoleta, la ausencia de planificación a largo plazo frente al crecimiento urbano y la politización de decisiones técnicas. Todo ello, según el autor, contribuye a cuellos de botella en la distribución de agua potable.
Gobernanza, infraestructura y conservación: los tres pilares propuestos
El artículo plantea que la respuesta debe concentrarse en tres pilares: infraestructura, conservación y distribución. Subraya que la ejecución de proyectos de infraestructura no depende de los diputados, por lo que el debate legislativo no debería convertirse en una respuesta automática ante la presión pública.
También se indica que las tarifas del agua no reflejan los costos reales de su procesamiento. El texto atribuye esto a una cultura institucional del IDAAN que, además de la falta de rendición de cuentas, reduciría incentivos para invertir. A ello se sumaría un componente social: el uso irresponsable del agua y las conexiones ilegales generarían costos adicionales y sobrecargarían a la institución.
Soluciones adaptadas por zona y protección de cuencas
El autor defiende una gobernanza más unificada para el agua potable, citando que el IDAAN mantiene una jurisdicción fragmentada, afectada por injerencia política y financiación insuficiente. Propone un mandato nacional con liderazgo técnico y profesional, y sugiere fortalecer las juntas administradoras de acueductos, especialmente en áreas rurales, con un enfoque más técnico.
Además, pide clasificar soluciones según contexto. En la ciudad de Panamá y zonas urbanas de la provincia se menciona la necesidad de reemplazar tuberías que no habrían sido sustituidas en años, por las pérdidas asociadas a fugas y daños. En el interior, se apunta a deficiencias de mantenimiento y falta de modernización de tuberías, potabilizadoras y pozos, con riesgos para la salud.
Como ejemplo de adaptación, el artículo menciona áreas urbanas como Arraiján y La Chorrera, donde se requerirían extensiones descentralizadas y mayor fiscalización por el crecimiento. Para zonas rurales como Darién, Veraguas o Bocas del Toro, plantea implementar sistemas de bombeo a pequeña escala con energía solar, tanques por gravedad y recolección de agua de lluvia a mayor escala.
Finalmente, se insiste en proteger las cuencas hidrográficas: la cuenca del río Chagres abastece al Canal de Panamá y parte del agua potable de la capital, por lo que se plantea la urgencia de controlar deforestación y contaminación agroindustrial.
En conclusión, el artículo sostiene que continuar acumulando normas sin corregir fallas de ejecución, voluntad y cultura nacional conduciría a que el sistema colapse, por lo que la solución no sería principalmente jurídica.