Este lunes, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional entrevistará a los 35 candidatos que buscan dirigir la Defensoría del Pueblo entre 2026 y 2031. Cada aspirante tendrá cinco minutos para convencer a los diputados de que merece encabezar una institución creada —en teoría— para frenar abusos del Estado contra la ciudadanía.
Qué está en juego en la elección de 2026
La Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho del partido oficialista Realizando Metas, será la encargada de filtrar la lista que llegará al pleno. Sin embargo, especialistas en derechos humanos consultados para esta nota advierten que el problema no está en los perfiles de los candidatos, sino en el proceso de decisión política detrás de la votación.
Según el análisis recogido en el artículo, históricamente los votos en el pleno se mueven más por acuerdos de bancada que por méritos técnicos. El resultado es que la Defensoría del Pueblo, lejos de operar como un contrapeso ciudadano, podría ser tratada como un “botín” político.
Quiénes ha nombrado la Asamblea
Desde que Panamá creó la Defensoría del Pueblo en 1997, la Asamblea Nacional ha nombrado ocho defensores en propiedad: Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada, Liborio García, Ricardo Vargas, Patria Portugal, Lilia Herrera y Alfredo Castillero Hoyos.
A esa lista se suma Eduardo Leblanc, quien ingresó en 2020 para completar el periodo de Castillero Hoyos, destituido en 2019, y luego fue elegido para el periodo 2021-2026.
El caso que marcó la discusión sobre independencia
El artículo recuerda el episodio de Maribel Coco: tras la destitución de Castillero Hoyos el 9 de octubre de 2019, el cargo fue asumido de forma automática por la defensora adjunta. Coco, según el texto, había renunciado apenas 10 días antes al Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En el contexto posterior, expertos y organizaciones plantearon que la designación respondía a dinámicas partidarias. También se menciona que en la pandemia por covid-19, Crispiano Adames (entonces presidente de la Comisión de Gobierno) entrevistó a 14 candidatos y postuló a Leblanc como “favorito”, destacando que, aunque no tenía mucha experiencia en derechos humanos, “había hecho mucho en poco tiempo”.
“Cuotas” y acuerdos de bancada: el diagnóstico de la sociedad civil
Para Magaly Castillo, abogada y defensora de derechos humanos, los partidos políticos han convertido la Defensoría en parte del “botín político”. Castillo sostiene que el mecanismo opera con acuerdos de bancadas: se vota por un candidato a cambio de que este nombre al adjunto que las bancadas prefieren, de modo que los compromisos previos y funcionarios afines quedarían definidos antes de la toma de posesión.
En la misma línea, Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, sostiene que Panamá necesita un defensor con tres condiciones: conocimientos técnicos en derechos humanos, experiencia demostrada y una trayectoria ética sólida. Sin esos elementos, afirma, la Defensoría queda como un “cascarón”.
El contexto legal y la preocupación por la independencia
El proceso de 2026 ocurre después de la aprobación de la Ley 504 de 18 de diciembre de 2025, que moderniza el mandato constitucional de la Defensoría, crea la carrera defensorial y establece mecanismos de protección para funcionarios. Para algunos, es un avance; pero Castillo advierte que si el nombramiento depende de cuotas partidarias, los cambios legales podrían no traducirse en independencia real.
De cara al lunes, ya existe un “guion” de procedimiento —cinco minutos por candidato—, mientras el resto del proceso, según la nota, ocurre a puertas cerradas. La decisión final recaerá en la Asamblea Nacional, que deberá escoger entre los 35 aspirantes.