La discusión sobre el futuro de la mina ha dejado una lección que trasciende la propia actividad minera. En una decisión de semejante importancia nacional, los ciudadanos tienen derecho a saber quién financia campañas publicitarias, plataformas digitales y esfuerzos destinados a influir en la opinión pública. Ese principio debe aplicarse por igual a quienes apoyan la reapertura, a quienes la rechazan y a cualquier otro actor con intereses en juego. Pero existe una preocupación adicional.
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